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La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), en el marco de los proyectos que adelanta en América Latina, realiza un seguimiento a la implementación de los mecanismos e instituciones creados a partir de las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). En relación con estos mecanismos e instituciones, es de especial interés la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por ser la institución que fue diseñada para investigar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado en Colombia. Adicionalmente, la JEP tiene una amplia responsabilidad en la garantía de los derechos de las víctimas. La CIJ reconoce la importancia de respaldar la labor de la JEP desde una perspectiva crítica pero propositiva, que permita su fortalecimiento y el desarrollo de sus funciones con plena observancia de los estándares internacionales, en particular respecto de los derechos de las víctimas. En efecto, garantizar los derechos de las víctimas es fundamental para la legitimidad de la JEP, y es necesario para consolidar la paz en Colombia. Por este motivo, la CIJ realizó una misión de alto nivel en Colombia entre el 21 y el 25 de enero de 2019, con el fin de analizar el proceso de implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Dicha misión fue integrada por los comisionados Carlos Ayala (vicepresidente de la CIJ), Wilder Tayler y Philippe Texier, quienes dialogaron con un amplio espectro de actores. Adicionalmente, los hallazgos iniciales de la misión fueron ampliados y complementados con un análisis de las principales actuaciones de la JEP, así como, con un seguimiento a las actuaciones desarrolladas por otras autoridades, cuando estas estuvieron relacionadas con el proceso de implementación de la JEP. De esta forma, el informe presenta los hallazgos del seguimiento realizado por la CIJ. En términos generales, de los hallazgos identificados se concluye la existencia de avances importantes en el proceso de implementación de la JEP. Igualmente, permiten recomendar la realización de acciones concretas para fortalecer la participación efectiva de las víctimas en los procedimientos, y garantizar su derecho a la justicia y a la reparación integral. Por último, los hallazgos muestran la importancia de garantizar la independencia judicial de la JEP para asegurar el correcto ejercicio de sus funciones.